La propiedad intelectual: una herramienta para hacer crecer y repartir mejor la riqueza

Cuando se habla de propiedad intelectual, generalmente se piensa en patentes, marcas, derechos de autor, registros y abogados. Es comprensible. Pero esa visión, aunque jurídicamente correcta, resulta demasiado limitada. La propiedad intelectual puede ser mucho más que un mecanismo para proteger una creación o una invención. Puede convertirse en una herramienta de política económica y social. Y esa perspectiva debería interesar especialmente al nuevo Gobierno.

Colombia necesita crecer, atraer inversión, aumentar la productividad, generar oportunidades en las regiones, fortalecer a sus empresarios y creadores y encontrar mecanismos que permitan generar y distribuir mejor la riqueza. La propiedad intelectual puede contribuir a cada uno de esos objetivos.

No se trata de inventar una nueva teoría. La propia política nacional de propiedad intelectual reconoce que estos derechos deben servir para generar, gestionar y aprovechar activos intangibles, impulsar la creación y la innovación, facilitar la transferencia de conocimiento y aumentar la productividad. La pregunta, entonces, es cómo convertir ese principio en resultados concretos.

Que la música también genere riqueza para quienes la crean

Pensemos, por ejemplo, en los compositores colombianos. Colombia produce música de enorme calidad y tiene artistas reconocidos mundialmente. Sin embargo, no basta con crear canciones: hay que conseguir que esas creaciones se conviertan en ingresos para sus autores e intérpretes.

Un compositor que escribe una canción que posteriormente es utilizada por emisoras, establecimientos abiertos al público, plataformas o producciones audiovisuales tiene un activo económico. Pero para que ese activo produzca ingresos debe existir una adecuada gestión de los derechos.

Eso supone, entre otras cosas, promover que los autores conozcan sus derechos, registren adecuadamente sus obras, se afilien o otorguen los mandatos correspondientes a las sociedades de gestión colectiva cuando ello resulte conveniente y puedan hacer efectivo el cobro de las remuneraciones que les corresponden.

Una política pública inteligente de propiedad intelectual debería proponerse que más música colombiana produzca ingresos para más colombianos. No se trata simplemente de aumentar el número de canciones creadas. Se trata de convertir la creatividad en una fuente de ingresos.

Patentes para competir, no solamente para engrosar estadísticas

Algo similar ocurre con los empresarios. Colombia puede celebrar que sus universidades y centros de investigación produzcan conocimiento, pero ese conocimiento tendrá un verdadero impacto económico cuando pueda convertirse en productos, servicios y empresas.

Una patente, un modelo de utilidad, un diseño industrial o una marca no deberían ser vistos únicamente como certificados expedidos por una autoridad. Son instrumentos que pueden ayudar a una empresa colombiana a diferenciarse, proteger una innovación, negociar con inversionistas, entrar en nuevos mercados y competir internacionalmente.

Por eso, una política de propiedad intelectual orientada al desarrollo debería facilitar que los pequeños y medianos empresarios sepan qué proteger, cómo protegerlo y, sobre todo, cómo convertir esa protección en un negocio. La meta no debería ser simplemente "más patentes". La meta debería ser más empresas colombianas competitivas utilizando la propiedad intelectual.

Propiedad intelectual para atraer inversión

La propiedad intelectual también puede ser una herramienta para atraer inversión extranjera. Un inversionista que llega a Colombia no solamente analiza impuestos, infraestructura, costos laborales o tamaño del mercado. Cuando su negocio depende de tecnología, marcas, contenidos, diseños, software, investigación o conocimiento, necesita saber algo fundamental: ¿mis activos intangibles estarán realmente protegidos?

Necesita confiar en que las autoridades son competentes, que los trámites son razonablemente rápidos, que las decisiones son predecibles y que los derechos pueden hacerse respetar.

Por eso, fortalecer la propiedad intelectual también significa fortalecer la confianza en Colombia como destino de inversión. Una oficina de propiedad industrial eficiente y una autoridad de derecho de autor sólida no son únicamente instituciones jurídicas. Son parte de la infraestructura económica del país.

Una oportunidad para el campo colombiano

Existe además una dimensión de la propiedad intelectual que podría tener enorme importancia para el desarrollo rural: las denominaciones de origen. Colombia posee productos agrícolas y alimenticios con características vinculadas a territorios específicos.

Una denominación de origen bien utilizada puede permitir que esas características se conviertan en valor económico para las comunidades que producen el bien. Pero registrar una denominación no es suficiente. Hay que enseñar a los productores a utilizarla, establecer estándares de calidad, organizar las cadenas productivas, desarrollar mercados y conseguir que el consumidor reconozca y pague el valor adicional que representa el origen.

Una política de denominaciones de origen bien diseñada podría contribuir a que una mayor parte del valor generado por determinados productos permanezca en las regiones productoras.

Y aquí aparece una dimensión social de la propiedad intelectual que pocas veces se menciona: puede ayudar a generar oportunidades económicas en el territorio y, por esa vía, contribuir a reducir los incentivos que llevan a muchas personas del campo hacia las ciudades.

La confianza empieza por las instituciones

Todo lo anterior exige una condición: que los ciudadanos confíen en el sistema. Si un empresario considera que obtener una patente es demasiado complicado, si un creador no sabe cómo hacer efectivos sus derechos, si una empresa considera impredecible el registro de una marca o si un inversionista percibe que hacer respetar un derecho de propiedad intelectual es lento e incierto, el sistema pierde buena parte de su valor económico.

Por eso, el fortalecimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Dirección Nacional de Derecho de Autor debería formar parte de cualquier estrategia seria de desarrollo basada en propiedad intelectual.

Y quizá sea también el momento de formular una pregunta más ambiciosa: ¿debe Colombia mantener dos autoridades principales separadas para administrar la propiedad intelectual o sería conveniente estudiar la creación de un Instituto Nacional de Propiedad Intelectual?

Una institución especializada podría permitir una visión integral de la propiedad intelectual, aprovechar economías de escala, compartir infraestructura tecnológica, fortalecer la formación de funcionarios y ofrecer al ciudadano un sistema más sencillo y coherente.

No afirmo que la unificación sea necesariamente la respuesta. Pero sí considero que vale la pena estudiarla.

De proteger derechos a generar oportunidades

Colombia ya cuenta con una política nacional de propiedad intelectual y con una institucionalidad construida durante décadas. El Conpes 4062, aprobado en 2021, planteó precisamente la necesidad de mejorar la generación, gestión, protección y aprovechamiento de la propiedad intelectual, con objetivos relacionados con innovación, productividad, comercialización, defensa efectiva de los derechos y fortalecimiento de la oferta pública.

El reto del nuevo Gobierno podría ser dar un paso adicional: hacer de la propiedad intelectual una política transversal de desarrollo.

Una política que dialogue con el Ministerio de Comercio cuando se habla de competitividad; con Ciencia, Tecnología e Innovación cuando se habla de investigación; con Cultura cuando se habla de creadores; con Agricultura cuando se habla de denominaciones de origen; con Turismo cuando se habla de identidad territorial; y con Hacienda y Planeación cuando se habla de generación y distribución de riqueza.

La propiedad intelectual no puede seguir siendo vista como un asunto reservado para especialistas. Una canción puede ser un activo económico. Una patente puede convertirse en una empresa. Una marca puede abrir mercados. Un diseño puede generar empleo. Una denominación de origen puede llevar riqueza a una región. Y un sistema confiable de protección puede atraer inversión.

Ese es, quizá, el verdadero desafío: dejar de preguntar solamente cuántas creaciones, patentes o marcas produce Colombia y empezar a preguntar cuánta riqueza, empleo, inversión y desarrollo regional estamos generando gracias a ellas y quiénes están recibiendo ese valor.

Si el nuevo Gobierno busca instrumentos para crecer económicamente y, al mismo tiempo, ampliar las oportunidades para quienes crean, innovan y producen en Colombia, debería mirar con mucha más atención hacia la propiedad intelectual. No como un fin en sí misma, sino como una herramienta para convertir conocimiento, creatividad e identidad en riqueza y oportunidades para los colombianos.